• El sospechoso habría vendido un vehículo por 160,000 lempiras sin informar que mantenía cuotas pendientes de pago

Francisco Morazán. 15 de octubre del 2026.- En el marco de las acciones de investigación y combate a los delitos patrimoniales, agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron una orden de captura contra un hombre de 40 años, por suponerlo responsable del delito de estafa impropia.

La acción policial se llevó a cabo en la calle principal que conduce al departamento de Olancho, en Francisco Morazán, mediante diligencias investigativas desarrolladas por los agentes policiales.

El detenido, originario y residente en el municipio de Talanga, Francisco Morazán, tenía una orden de captura emitida el 26 de junio de 2026 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, Choluteca.

Antecedentes del caso

De acuerdo con las investigaciones, en el año 2021 el sospechoso habría vendido un vehículo a una persona por la cantidad de 160,000 lempiras, realizando el traspaso correspondiente sin informar, presuntamente, que el automotor aún mantenía cuotas pendientes de pago con una empresa comercializadora de vehículos.

Según el reporte, en julio de 2024 el automotor fue bloqueado por la empresa debido al incumplimiento de las obligaciones de pago. Ante esta situación, la víctima habría contactado al vendedor, quien le manifestó que el problema estaba solucionado y que podía continuar utilizando el vehículo.

Sin embargo, en febrero de 2025, el automotor fue bloqueado nuevamente. Al no obtener una solución definitiva por parte del sospechoso, la víctima interpuso la denuncia correspondiente, dando lugar a las diligencias investigativas que permitieron ejecutar la orden judicial.

La DPI, desarrolla investigaciones técnico-policiales y ejecutar las órdenes de captura emitidas por los órganos jurisdiccionales, con el propósito de combatir los delitos y garantizar que los casos sean puestos a disposición de la justicia.

El detenido será remitido ante el juzgado competente para continuar con el procedimiento legal correspondiente, conforme a lo establecido en la legislación hondureña.