Los sospechosos habrían captado a sus víctimas mediante engaños, ofreciéndoles un supuesto ingreso seguro a Estados Unidos a cambio de hasta 3,000 dólares por persona

La investigación permitió establecer que uno de los sospechosos utilizaba una barbería como punto de captación, mientras que su pareja presuntamente administraba los recursos económicos obtenidos de manera ilícita

San Antonio de Cortés, Cortés, 11 de agosto de 2026. En el marco de las operaciones policiales Barrios y Ciudades Seguras, agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ejecutaron la captura de dos personas que mantenían órdenes judiciales pendientes por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de personas agravado.

Las acciones investigativas, desarrolladas mediante labores de seguimiento, vigilancia y análisis de información, permitieron ubicar y detener a un hombre de 39 años, originario de San Pedro Sula y residente en la colonia Las Américas, San Antonio de Cortés, de oficio barbero; y a una mujer de 44 años, originaria y residente en San Antonio de Cortés, quien se desempeñaba como comerciante.

Ambos eran requeridos mediante órdenes de captura emitidas el 6 de agosto de 2026 por el Juzgado de Letras Penal Unificado de San Pedro Sula, por el delito de tráfico ilícito de personas agravado, en perjuicio de la soberanía del Estado de Honduras en el control de los flujos migratorios y de testigos protegidos.

Una barbería utilizada para captar a las víctimas

De acuerdo con las investigaciones, el caso comenzó a ser documentado el 28 de enero de 2025, cuando agentes de la UTIC identificaron una estructura que presuntamente aprovechaba las aspiraciones de personas interesadas en emigrar para ofrecerles falsas alternativas de ingreso a Estados Unidos.

El principal sospechoso habría utilizado su actividad como barbero y la afluencia de clientes para establecer contacto con potenciales víctimas interesadas en emigrar. Mediante engaños, presuntamente les ofrecía gestionar su ingreso a Estados Unidos a través de una supuesta plataforma digital que, según les hacía creer, les garantizaría un ingreso seguro al país norteamericano.

Por este supuesto trámite y el posterior traslado clandestino, la estructura habría exigido aproximadamente $3,000 por cada persona, obteniendo importantes beneficios económicos mediante el aprovechamiento de las expectativas y necesidades de sus víctimas.

Las pesquisas también permitieron establecer que la segunda sospechosa, quien mantenía una relación sentimental con el principal investigado, habría desempeñado un papel relevante dentro de la estructura. Presuntamente colaboraba en el manejo de la plataforma utilizada para alimentar el engaño y, además, se encargaba de recibir parte de los pagos efectuados por las víctimas mediante depósitos en una institución bancaria.

Como parte de las diligencias investigativas, los agentes lograron documentar diferentes movimientos financieros y recopilar comprobantes de depósitos, elementos que forman parte de las investigaciones desarrolladas en torno al caso.

Conexiones internacionales para el traslado clandestino

La investigación establece que, una vez que las víctimas aceptaban las condiciones y efectuaban los pagos, los sospechosos presuntamente coordinaban reuniones para definir los detalles del viaje.

Posteriormente, el principal investigado habría activado contactos establecidos fuera del territorio hondureño para enlazar a las personas con individuos dedicados al traslado irregular de migrantes en Guatemala, quienes se encargarían de continuar la ruta clandestina con destino a la frontera de Estados Unidos.

Este mecanismo habría permitido a los ahora detenidos actuar como enlace entre las víctimas y otros individuos involucrados en la cadena dedicada al tráfico ilícito de personas, obteniendo beneficios económicos a cambio de facilitar el traslado irregular.

Durante el desarrollo de las acciones policiales se efectuó además el decomiso de dos teléfonos celulares marca Honor, dispositivos que serán sometidos al procedimiento investigativo correspondiente para determinar si contienen información relacionada con las actividades atribuidas a los sospechosos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal correspondiente conforme a ley.