Todo el peso de la ley

-La detenida habría facilitado que su sobrina de 14 años, fuera sometida a actos de explotación sexual, amenazándola para mantener el silencio

Francisco Morazán. 30 de julio de 2026. Como resultado de las acciones permanentes para combatir los delitos que atentan contra la integridad física y sexual de los sectores más vulnerables del país, efectivos asignados a la Unidad Contra Delitos de Usurpación, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer a quien se le supone responsable de los delitos de explotación sexual y violación en su grado de participación de complicidad en perjuicio de su sobrina con discapacidad.

La sospechosa de 27 años, originaria de Tatumbla, Francisco Morazán, fue requerida en cumplimiento a una orden de captura emitida el 27 de febrero de 2025, por el juzgado de ejecución de la sección judicial de Tegucigalpa, por los delitos antes mencionados.

De acuerdo con el informe policial, la denuncia fue interpuesta por la madre de la niña, quíen manifestó que dejaba el cuidado de la menor a su cuñada, tía de la victima, cuando esta se dirigía a sus labores diarias. Sin embargo, una persona vecina de los alrededores de la vivienda, le informó que la mujer acostumbrada a salir frecuentemente con la adolescente.

Al indagar sobre lo sucedido, la menor reveló que la sospechosa la trasladaba a un motel ubicado en las cercanías de la aldea Villavieja, donde presuntamente la detenida, la obligaba a sostener relaciones de carácter sexual con un hombre a cambio de dinero. Según la investigación, al finalizar el encuentro, el individuo entregaba dinero a la requerida, para posteriormente amenazar a la victima con quitarle la vida a su madre si contaba lo ocurrido.

Tras desarrollarse las diligencias por parte de un equipo especializado de la DPI y recabar los elementos probatorios correspondientes, la autoridad judicial emitió la orden de captura que fue ejecutada mediante labores de vigilancia y seguimiento por los agentes de investigación.

La detenida será puesta a disposición del órgano jurisdiccional competente para que responda por los delitos de los que se le acusa.

La DPI reafirma su compromiso de continuar ejecutando operaciones estratégicas para combatir la criminalidad y poner a disposición a ciudadanos que infringen la ley, ante los juzgados competentes, para garantizar la seguridad de la población hondureña.