Operación de impacto

• Según el informe policial, los hechos tuvieron lugar el 29 de enero del presente año, cuando la madre y el hijo estaban maltratando a otra hija de la víctima
• Al intervenir para defender a su hija, la anciana fue atacada brutalmente, tanto verbal como físicamente, por ambos sospechosos

Tegucigalpa. 19 de junio de 2025. En el marco de las operaciones dirigidas a la lucha contra los delitos que afectan a la familia, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha llevado a cabo la captura de una madre y su hijo, quienes están acusados de maltratar a una anciana de 61 años.

A través de una serie de investigaciones, inteligencia y búsqueda, un equipo especializado del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP) logró identificar y arrestar a los agresores en el barrio Villa Adela, Comayagüela, Francisco Morazán.

Los detenidos, un hombre de 22 años y mecánico automotriz, y una mujer de 40 años, contadora, son oriundos de Tegucigalpa, y son señalados como los principales responsables del abuso.

Según el informe policial, los hechos tuvieron lugar el 29 de enero del presente año, cuando la madre y el hijo estaban maltratando a otra hija de la víctima.

Al intervenir para defender a su hija, la anciana fue atacada brutalmente, tanto verbal como físicamente, por ambos detenidos. La brutalidad del ataque fue tal que le propinaron golpes a la anciana.

El DDCP, tras un exhaustivo trabajo de inteligencia y la recopilación de pruebas técnicas, logró que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa emitiera una orden de captura el 3 de junio del presente año.

En el documento judicial se establece que ambos imputados son considerados responsables del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de una persona adulta mayor.

Es importante mencionar que estas acciones forman parte de la operación Plan Solución Contra el Crimen Fase III, cuyo objetivo es desarticular redes de criminalidad y llevar ante la justicia a aquellos que tienen cuentas pendientes con la ley.

Los detenidos fueron informados de sus derechos como tales y posteriormente fueron trasladados a las autoridades judiciales correspondientes para el inicio del debido proceso legal, conforme a lo estipulado por la legislación vigente.

La DPI reafirma su compromiso de ofrecer respuestas efectivas ante este tipo de delitos que afectan a los miembros más vulnerables de la sociedad, especialmente a los integrantes de la familia.