Operación de impacto

• El hecho se suscitó en agosto de 1994, cuando el ahora detenido, junto con sus dos hermanos, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas
• Desde la fecha del crimen, las autoridades han seguido de cerca el paradero del imputado, acumulando pruebas suficientes que sustentan las acusaciones en su contra

Tegucigalpa. 26 de junio de 2025. Producto de los diferentes operativos enmarcados en el Plan Solución Contra el Crimen Fase III, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha logrado la captura de un septuagenario que había evadido la justicia durante tres décadas, tras haberle quitado la vida a un hombre con un arma blanca.

La captura se llevó a cabo en la aldea Cofradía, ubicada en el departamento de Francisco Morazán, por un equipo especializado del Departamento de Delitos Contra la Propiedad (DDCP), que ha trabajado incansablemente en la búsqueda del sospechoso desde la emisión de la orden de captura el 16 de noviembre de 1995.

El presunto homicida, un hombre de 78 años, se dedica a labores agrícolas, y es oriundo del mismo sector donde se originó el arresto policial.

Antecedentes del crimen

Según expediente policial, el hecho se suscitó en agosto de 1994, cuando el ahora detenido, junto con sus dos hermanos, se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

En medio de una discusión que surgió de manera imprevista con la víctima, Luis Alberto Díaz Reyes, los tres hermanos atacaron al occiso con un machete, resultando en su muerte inmediata.

Desde la fecha del crimen, las autoridades han seguido de cerca el paradero del imputado, acumulando pruebas suficientes que sustentan las acusaciones en su contra.

La orden de captura fue emitida por el Juzgado de Letras Primero de lo Criminal de Francisco Morazán, quien, tras evaluar las pruebas presentadas por la DPI, consideró que existían suficientes elementos para suponer la responsabilidad del detenido en el delito de homicidio en perjuicio del ciudadano Luis Alberto Díaz Reyes.

Al momento de la captura, se le informaron al detenido sus derechos como persona arrestada, y fue trasladado ante el órgano judicial que solicitó su captura, donde se llevarán a cabo los trámites legales pertinentes.

La DPI reafirma su compromiso de continuar trabajando en investigaciones técnicas y científicas, llevando a los responsables ante la justicia y garantizando que los crímenes no queden impunes.